En el 41 aniversario de la Ley Orgánica 9/1985, la Fundación Jérôme Lejeune España denuncia la raíz eugenésica de una norma que abrió la puerta al descarte de los no nacidos con discapacidad, y reclama una medicina orientada al cuidado, no a la selección.
Madrid, 6 de julio de 2026
Este domingo 5 de julio se han cumplido 41 años de la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal. Fue la norma que despenalizó el aborto en España en tres supuestos y que introdujo, por primera vez, una grave discriminación jurídica hacia los seres humanos no nacidos con discapacidad o patologías genéticas.
La ley establecía que no sería punible el aborto practicado por un médico cuando concurrieran determinadas circunstancias: grave peligro para la vida o “la salud física o psíquica de la embarazada”; embarazo consecuencia de una violación denunciada; o cuando se presumiera que el feto habría de nacer con “graves taras físicas o psíquicas”, con una serie de limitaciones temporales.
Más allá de la gravedad de una ley que supone una justificación para acabar con la vida de algunos seres humanos, aquella expresión —“graves taras físicas o psíquicas”— no es un detalle menor ni una fórmula técnica del pasado. Revela una mirada profundamente injusta e inhumana sobre la persona con discapacidad: la idea de que una vida humana puede ser considerada menos digna de protección por razón de una enfermedad, una alteración genética o una discapacidad.
Desde la Fundación Jérôme Lejeune España denunciamos con contundencia esta lógica eugenésica, que durante décadas ha contribuido a instalar en la sociedad la idea de que existen vidas que pueden ser descartadas antes de nacer si no responden a determinados criterios de salud, capacidad o normalidad. El caso de las personas con síndrome de Down es especialmente significativo. El desarrollo de las técnicas de diagnóstico prenatal, unido a una cultura que presenta la discapacidad como una tragedia que puede “evitarse”, ha generado una presión creciente sobre las familias y sobre los propios profesionales sanitarios. Entidades como Down España estiman que actualmente más del 95% de los embarazos con diagnóstico de síndrome de Down acaba en aborto. Allí donde debería haber información veraz, acompañamiento y apoyo, se ofrece miedo, soledad y descarte.
No se trata solo de una cuestión jurídica. Es una cuestión antropológica, médica, científica y social. Una sociedad verdaderamente humana no debería medir el valor de una persona por su dotación cromosómica, su estado de salud, su autonomía futura o su capacidad de producir. La dignidad humana no depende de un diagnóstico. “Una sociedad justa no puede aceptar que un diagnóstico prenatal se convierta, de hecho, en una sentencia de muerte. La desgraciada Ley de 1985 abrió una herida profunda al introducir una discriminación explícita contra los no nacidos con discapacidad o patologías genéticas. Cuarenta y un años después, el intento de blindar el aborto como prestación sanitaria en la Constitución española no corrige esa injusticia: la consolida. Desde la Fundación Jérôme Lejeune defendemos que la respuesta ante la vulnerabilidad no puede ser el descarte, sino el cuidado, el acompañamiento y la protección de toda vida humana”, señala Pablo Siegrist, director general de la Fundación Jérôme Lejeune España.
De hecho, cuarenta y un años después, esta cuestión vuelve a estar de plena actualidad. El pasado 7 de abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 43 de la Constitución y blindar la “interrupción voluntaria del embarazo”, es decir, el aborto, como un derecho que los poderes públicos deben garantizar en condiciones de igualdad efectiva. La propuesta pretende situar el aborto en el ámbito del derecho a la protección de la salud. Así lo recoge también el dictamen del Consejo de Estado sobre la reforma del artículo 43 de la Constitución, que analiza la incorporación de un nuevo apartado relativo a la “interrupción voluntaria del embarazo” y a su garantía por parte de los poderes públicos.
Para la Fundación Jérôme Lejeune España, el riesgo es evidente: convertir el aborto en una prestación sanitaria blindada constitucionalmente supone dar un paso más en la normalización de una práctica que, en el caso de la discapacidad prenatal, ha tenido consecuencias devastadoras para los más vulnerables, consagrando nuestra sociedad como una sociedad inhumana.
La medicina no puede ser utilizada como instrumento de selección. Su vocación propia es cuidar, aliviar, tratar y acompañar, especialmente cuando la vida humana se presenta en condiciones de mayor fragilidad. Ante un diagnóstico prenatal adverso, la respuesta sanitaria y social nunca debería ser la eliminación del paciente, sino el acompañamiento integral de la madre, la familia y el hijo.
Esta misma advertencia fue formulada con especial claridad por el Papa León XIV en el discurso dirigido a los miembros de la Fundación Jérôme Lejeune, pronunciado el 22 de junio de 2026 con motivo del centenario del nacimiento del profesor Jérôme Lejeune. El Santo Padre recordó que Lejeune comprendió pronto que su descubrimiento científico podía ser utilizado para eliminar a las personas con síndrome de Down antes de su nacimiento, y denunció esa nueva eugenesia que el propio Lejeune definía como “racismo cromosómico”. En ese mismo discurso, León XIV afirmó: “El valor de la persona no depende de lo que realice o produzca. ¡Por eso un médico nunca debería permitirse, basándose en algoritmos de laboratorio, decidir sobre la vida de un embrión determinado o de una persona de la tercera edad determinada! ¡La medicina nunca podrá convertirse en sierva de la muerte programada!”.
Jérôme Lejeune, descubridor de la causa genética de la trisomía 21 y médico de miles de pacientes con discapacidad intelectual de origen genético, dedicó su vida precisamente a defender esta verdad: cada ser humano posee una dignidad inviolable, con independencia de su salud, su edad, su desarrollo o sus capacidades. Su legado científico y ético sigue siendo hoy profundamente actual. Allí donde algunos ven una vida descartable, Lejeune veía un paciente, una persona, a la que cuidar. Por eso, 41 años después de aquella ley, la Fundación Jérôme Lejeune España reafirma su compromiso con una cultura de la vida que rechace toda forma de eugenesia, también cuando se presenta bajo apariencia de progreso, autonomía o prestación sanitaria.
Frente al racismo cromosómico, reclamamos cuidado; frente al descarte, acompañamiento; frente a la soledad de las familias, una medicina verdaderamente humana. La dignidad de una persona no empieza cuando desaparece la vulnerabilidad. Precisamente allí donde hay mayor fragilidad, una sociedad se juega la verdad de su humanidad.
