El pasado mes de junio fue aprobada por el Parlamento Europeo una resolución conocida como “Informe Matić”, por el nombre de su ponente, el eurodiputado croata Predrag Matić. El texto, titulado “Informe sobre la situación relativa a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de la mujer”, contiene afirmaciones altamente cuestionables desde el punto de vista de la bioética y de los derechos humanos.
Debe aclararse que el texto no es vinculante para los Estados miembros de la Unión Europea. La resolución, aprobada con 378 votos a favor, 255 en contra y 42 abstenciones, también pide que se garantice el acceso universal al “aborto seguro” y legal en todos los Estados miembros de la Unión, como parte de un marco general del supuesto fortalecimiento de los derechos de las mujeres.
El texto reconoce la importancia de proteger la salud como «fundamento esencial de una vida digna», así como los derechos de las mujeres, algo en sí muy positivo. Sin embargo, aprovecha esta ocasión para hacer algo insólito y absolutamente desproporcionado por quedar fuera del ámbito de competencias transferidas por los Estados europeos a la Unión: elevar el aborto al rango de derecho fundamental de la mujer, desconsiderando los derechos fundamentales del no nacido, especialmente el derecho a la vida y a su integridad. Ningún tribunal ni declaración internacional había osado reconocer, hasta ahora, el aborto como un derecho fundamental.
Además, el Informe Matić va más allá, negando el derecho fundamental a la objeción de conciencia, que es una emanación de la libertad de conciencia según lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El informe vulnera derechos fundamentales de las personas, en especial de los no nacidos, y de los profesionales de la salud. Es contrario al primer principio fundamental de la ética: “primero no hacer daño”; y al derecho fundamental a la libertad de conciencia.
La Fundación Jérôme Lejeune condena abiertamente dicha aprobación y exige una reformulación urgente de este asunto, junto con la anulación de dicho informe. Es lamentable que, en lugar de ofrecer alternativas a las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, se las empuje a cometer el homicidio del propio hijo, que supone un aborto.
Un informe cuestionable que debe anularse.
Además, el informe, defendido por el eurodiputado Predrag Matić, se extralimita en las competencias de la UE, abordando cuestiones como la salud, la educación sexual y la reproducción, el aborto y la educación, que son poderes legislativos de los Estados miembros y no competencias de la UE. Desde luego, ha sido una aprobación que denota, una vez más, la deriva contraria a la vida humana y a los derechos fundamentales de las personas, en particular los más vulnerables. La Fundación Jérôme Lejeune no dejará de denunciar estos hechos, contrarios a la ética y al derecho. Por este motivo, hacemos un llamamiento a la movilización para proteger la vida humana y el derecho a la objeción de conciencia del personal médico, un derecho reconocido en el art. 10.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
